A través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado a conocer el martes 15 de junio fue ratificada la plena vigencia de la Ley de Medios Audiovisuales sancionada meses atrás por el Congreso de la Nación. Mas allá de que parte de la fundamentación de esta determinación del más alto cuerpo judicial de nuestro país remita a aspectos procedimentales y formales, por la inapropiada presentación legal que efectuó un legislador oriundo de Mendoza para forzar la inaplicabilidad de la nueva ley de medios, el fallo de la Corte es sin dudas un paso adelante hacia la construcción y fortalecimiento del sistema democrático en Argentina.

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Esto es así ya que la norma habilita la creación de nuevas propuestas mediáticas, ampliando el panorama y los escenarios de los debates (aún a costa de los propios intereses políticos del gobierno de turno) y generando oportunidades de trabajo para centenares de comunicadores ahora aislados de cualquier posibilidad laboral debido a la perversa concentración que existe en el espectro radial y televisivo, que impone, entre otros “aportes” del empresariado del pasado, que no exista competencia entre emisoras televisivas en localidades del interior del país, y que en muchas de estas poblaciones, como es el caso de Bell Ville, directamente se bajen las señales de radio de grupos mediáticos de Buenos Aires y Córdoba, como son los casos de Mitre y Cadena 3.
Ojalá que esta nueva ley sirva, precisamente, para cortar las “Cadena 3” que se llevan a Córdoba y a Buenos Aires la plata de las publicidades que aquí consiguen invocando la supuesta superioridad profesional de impresentables sujetos como Mario Pereyra, o la torpeza de los Petete Martínez y las Rebeca Bortoletto que solamente se interesan sobre lo que pasa en los pueblos del interior cuando hay una violación seguida de muerte, una nota pintoresca sobre tigres olvidados o un intendente en aprietos por cobrar multas con radares.
Pero además este fallo de la Suprema Corte, suscripto por sus 7 jueces, cinco coincidentes y dos por sus propios fundamentos, viene a rescatar el pronunciamiento popular y democrático que por doble vía de representación, a través de las organizaciones sociales y a través del mismísimo Congreso de la Nación, avaló meses atrás a la nueva Ley de Medios, por indiscutible mayoría. La primera vía de representación estuvo dada por la participación de la totalidad de las Universidades de la nación en la elaboración de la Ley de Medios, sumándose organizaciones sociales, sindicales, representantes del tercer sector, radios comunitarias y cooperativas, hasta sumar más de 200 entidades directamente vinculadas al pueblo, a los estudiantes, a los trabajadores, a los que en definitiva hacen, construyen y producen diariamente la riqueza nacional.
Todas estas entidades conformaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática que brindó su esfuerzo militante a la noble causa de reformular el rol de los medios de comunicación en la sociedad, como así también replantear el rol de la sociedad en la conformación de los contenidos que presentarán los medios de comunicación. Por motivos de oportunismo político o por verdadera opción democrática, el gobierno nacional tomó como propio el desafío planteado por la Coalición y con escasas reformas tradujo los 21 puntos que esta multisectorial le planteó en los artículos que conforman la nueva Ley. En el medio, inclusive, el gobierno abandonó algunas concesiones que estaba por darle a un grupo económico multimedia y tomó nota de la protesta de varias organizaciones para dejar sin efecto el posible beneficio que Telefónica podría tener con la nueva Ley.
En este marco se dio la segunda vía de representatividad que tiene la Ley de Medios, con el respaldo de sectores opositores conseguido primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores. En este sentido, es totalmente cierto que ninguna norma en Argentina ha tenido tanto debate previo y tanto aporte enriquecedor. Y por si esto fuera poco, con la puerta abierta a que se siga perfeccionando, como toda ley, a partir de las dificultades que presente en su aplicación.
En este sentido, el fallo de la Corte Suprema, que se suma al dictamen del procurador general, Esteban Righi, quien anteriormente se había pronunciado a favor de la nueva ley de Medios pidiendo la revocación de la medida cautelar por la Cámara Federal de Mendoza al considerar “inadmisible que un tribunal dicte una decisión suspensiva de una ley con efectos generales”, no viene a generar otra cosa que la alegría de contar con una cúspide judicial a tono con las necesidades del sistema democrático argentino, pero por sobre todas las cosas, la alegría de que se respete el doble pronunciamiento de la sociedad sobre este tema.
*Juan Francisco Sierra.
Periodista e integrante del Cispren Bell Ville